Solo el 29.3% de los fraudes en internet son reembolsados a los afectados

Durante finales del 2023, las reclamaciones por fraudes cibernéticos dirigidas a las instituciones financieras mexicanas superaron los 20,000 millones de pesos, según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). De este total, solo el 29.3% fue reembolsado a los afectados, lo que refleja una brecha significativa en la protección y respuesta de las entidades financieras ante estos delitos.

Las estafas por internet han experimentado un incremento notable, con métodos cada vez más sofisticados para engañar a los usuarios y acceder a sus cuentas bancarias. Entre las tácticas comunes se incluyen llamadas falsas de bancos pidiendo información confidencial para supuestamente cancelar cargos no reconocidos, y correos electrónicos que imitan a empresas legítimas como Netflix, informando sobre problemas con el pago de sus servicios.

En 2023 se registraron más de 8 millones de quejas por fraudes financieros, de las cuales el 71% correspondieron a estafas cibernéticas, y el 29% a fraudes tradicionales. En términos absolutos, esto significa que hubo aproximadamente 5.7 millones de quejas por fraudes en línea, lo que representa un aumento del 20.1% en comparación con el año anterior, según datos de la Condusef y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

El informe de Condusef titulado “Fraudes (financieros) cibernéticos y tradicionales” revela que el 70% de las quejas por fraudes cibernéticos fueron resueltas a favor del usuario. Sin embargo, pese a este alto porcentaje de resolución favorable, solo una pequeña fracción del monto reclamado fue restituido, evidenciando la necesidad de mayores medidas de protección y recuperación para los usuarios afectados.

El panorama de fraudes financieros en México muestra una tendencia al alza, con ciberataques cada vez más frecuentes y sofisticados. Es esencial que tanto las instituciones financieras como los usuarios adopten estrategias de seguridad más robustas. Las instituciones deben invertir en tecnologías avanzadas y educar a su personal en prácticas de seguridad, mientras que los usuarios deben mantenerse vigilantes y desconfiar de solicitudes de información bancaria a través de llamadas o mensajes no solicitados.