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Comunicación y +As
2023 05 Nine West
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Gobierno de España aprueba nueva normativa que afecta a “influencers”

Esta ley establece un nuevo registro para “influencers”, además de nuevas responsabilidades en cuanto a protección de menores y publicidad.

Gobierno de España aprueba nueva normativa que afecta a “influencers”
Gobierno de España aprueba nueva normativa que afecta a “influencers”

El Ministerio de Transformación Digital anunció la creación de un registro estatal de operadores audiovisuales mediante un real decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La medida, una de las principales innovaciones de la reciente Ley Audiovisual, establece que plataformas de vídeo como YouTube y “streamers” de relevancia deben inscribirse en este nuevo registro. La legislación, aprobada el año pasado, amplió el catálogo de prestadores obligados a inscribirse, incluyendo a los denominados “nuevos agentes audiovisuales” o “vloggers”, equiparándolos a las televisiones en la competencia por la audiencia en el mercado audiovisual estatal.

Además del decreto que crea el registro estatal, el Gobierno se encuentra desarrollando la ley audiovisual, la cual establecerá los requisitos para ser considerado “influencer” audiovisual o "usuario de especial relevancia". Según el decreto, estos usuarios tendrán dos meses desde la entrada en vigor del reglamento para solicitar la inscripción en el registro estatal.

El nuevo decreto establece nuevas responsabilidades en cuanto a protección de menores y publicidad. La normativa incluye requisitos como una facturación superior a 500,000 dólares y más de dos millones de usuarios en la plataforma de desarrollo de la actividad.

Enfocado en la protección de menores, el decreto impone criterios para los contenidos generados por los creadores, así como regulaciones estrictas sobre la publicidad en redes sociales. Se prohíben anuncios de tabaco, alcohol, cigarrillos electrónicos, medicamentos, o productos sanitarios que no cumplan con la normativa publicitaria actual, con sanciones que pueden llegar a superar el millón de dólares para infracciones graves.