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La Corte Suprema de EE.UU. autoriza deportaciones sin aviso a terceros países

El máximo tribunal de EE.UU. avaló deportaciones sin previo aviso, incluso hacia países con altos índices de violencia, desatando una fuerte polémica.

La Corte Suprema de EE.UU. autoriza deportaciones sin aviso a terceros países
La Corte Suprema de EE.UU. autoriza deportaciones sin aviso a terceros países

La Corte Suprema de Estados Unidos permitió al gobierno reanudar las deportaciones de migrantes hacia países distintos a su lugar de origen, sin notificación previa ni posibilidad de apelar. La decisión, tomada el 23 de junio, revoca temporalmente una orden que exigía respetar derechos mínimos antes del traslado.

Con seis votos a favor y tres en contra, el fallo representa una victoria para las políticas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump. Las juezas liberales Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson disintieron, al considerar que el fallo premia la ilegalidad y pone en riesgo la vida de los migrantes.

 

 

El Departamento de Seguridad Nacional celebró la resolución como un avance en la protección ciudadana. En redes sociales, afirmó que podrá “ejecutar su autoridad legal” para deportar a personas, incluso aquellas con antecedentes penales, a países dispuestos a recibirlas, como Sudán del Sur o Yibuti.

La decisión ha generado controversia entre defensores de derechos humanos, quienes argumentan que la medida vulnera tratados internacionales como la Convención contra la Tortura. Esta norma prohíbe el envío de personas a territorios donde puedan enfrentar abusos, aunque su aplicación legal ha sido ambigua.

El caso se centra en ocho migrantes enviados a Yibuti desde EE.UU., en un vuelo que habría violado una orden judicial previa. Aunque el gobierno los calificó como peligrosos, sus abogados alegan que varios no tienen antecedentes penales y han sido privados de derechos básicos como el debido proceso.

La Corte no explicó las razones de su decisión. Mientras tanto, el juez Brian Murphy dictó una nueva orden para impedir la remoción inmediata de los migrantes retenidos en Yibuti. Se espera que la batalla legal continúe en instancias superiores.