
Corte avala orden de Trump contra ciudadanía por nacimiento
La Corte Suprema de EE.UU. respaldó parcialmente el plan de Trump para eliminar la ciudadanía automática por nacimiento, abriendo un debate constitucional que podría redefinir los derechos de millones de niños nacidos en el país.
La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo dividido de 6 votos a 3 que permite la aplicación parcial de la orden del presidente Donald Trump para eliminar el derecho constitucional de ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados. Esta decisión reduce la capacidad de jueces de tribunales inferiores para bloquear órdenes presidenciales a nivel nacional.
El fallo habilita la entrada en vigor de la orden presidencial en un plazo de 30 días, tras haber sido previamente bloqueada por instancias judiciales. Trump celebró el dictamen como una “gran victoria”, mientras que la fiscal general Pam Bondi sostuvo que detendrá el uso frecuente de medidas cautelares que frenaban las políticas del presidente. Sin embargo, la constitucionalidad del decreto aún deberá resolverse en la próxima sesión del Tribunal Supremo en octubre.
La jueza Sonia Sotomayor encabezó la disidencia, señalando que el fallo representa “una invitación abierta para que el gobierno eluda la Constitución”, mientras que Letitia James, fiscal general de Nueva York, calificó la resolución como “un revés profundo y decepcionante” para las familias inmigrantes y para el estado de derecho.
El decreto de Trump niega la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio estadounidense, basándose en una interpretación restrictiva de la cláusula “sujeto a la jurisdicción” de la 14ª Enmienda. Expertos como Margo Schlanger advirtieron que el fallo fortalece el poder presidencial y limita los contrapesos judiciales, dejando a la Corte Suprema como único control sobre las decisiones del Ejecutivo.
Aunque la decisión representa un triunfo político para Trump, su implementación enfrenta obstáculos prácticos, pues los estados tienen un rol clave en el registro de nacimientos, y muchos podrían desacatar la directiva federal. Además, la legalidad de la orden seguirá siendo objeto de litigio y escrutinio constitucional en los próximos meses.










